Gobierno de Perú clasifica a la comunidad trans como enfermos mentales

El Gobierno de Perú ha aprobado un decreto que clasifica el “transexualismo”, el “transvestismo de rol dual” y los “trastornos de la identidad de género” como enfermedades mentales, incluyéndolas en el Plan Esencial de Salud.

El documento, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Salud César Vásquez y el ministro de Economía y Finanzas José Arista, identifica a las personas trans y a las cuestiones relacionadas con la identidad de género como condiciones de salud mental que deben ser tratadas.

Esta clasificación se basa en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, la OMS eliminó la transexualidad y el travestismo como trastornos mentales en 2019. Además, este viernes se cumplen 34 años desde que la agencia sanitaria de la ONU retiró la homosexualidad de dicha lista.

El decreto del Gobierno peruano también incluye el “transvestismo fetichista” y la “orientación sexual egodistónica” como “problemas de salud mental”, por lo que estas personas también recibirán atención médica en centros de salud públicos y privados.

La diputada de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú, Susel Paredes, pidió la derogación del decreto, argumentando que “refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans”. Además, afirmó que “urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad”.

La organización civil Más Igualdad Perú también expresó su rechazo. Asimismo, unos 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos presentaron una carta al Ministerio de Salud solicitando la revocación del decreto.

Ante las críticas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que sostiene que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos. Sin embargo, justificó que este decreto permitirá “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental” y que el “CIE-10 todavía se mantiene vigente en el país, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región”.