Una de cada 5 personas fueron obligadas a realizarse el examen de VIH para el ingreso a un empleo

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) informó este jueves que una de cada cinco personas fueron obligadas a realizarse el examen de VIH para el ingreso a un empleo, algo que, a partir de la nueva Ley de VIH, Hepatitis virales y otras ITS, pasará a estar prohibido, en conmemoración del Día Mundial del Sida.

El estudio se llama Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH 2.0 (IED 2.0) y fue realizado en Argentina por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap). El mismo fue realizado con el objetivo de conocer el grado y las formas de estigma y discriminación que enfrentan las personas con VIH en los diversos ámbitos de la sociedad -social, comunitario, educacional, de salud, trabajo y legal-.

En 2022 fue sancionada y reglamentada la Ley 27675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis que, en su artículo Nº8 prohíbe la realización de la prueba diagnóstica de VIH en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Según lo detallado en el comunicado del Inadi esta norma busca evitar la vulneración de derechos, ya que el mundo laboral “constituye el ámbito de mayor discriminación que padece el colectivo de personas viviendo con VIH. Esto se evidencia tanto en el proceso de búsqueda y selección, transcurso y finalización o desvinculación del trabajo”.

Además, la agencia nacional destacó que la prueba diagnóstica se presenta como el principal obstáculo para acceder a un empleo.

Un 17% de las personas encuestadas en el Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH 2.0 (IED 2.0) atravesó una situación de pérdida de empleo vinculada con su diagnóstico.

Las personas más afectadas fueron aquellas con necesidades básicas insatisfechas (25%) de los casos, las de más de 40 años (24%) y quienes no habían completado el secundario (21%).

“El objetivo de la prohibición de esta prueba es terminar con la exclusión en el ámbito laboral, promoviendo el acceso al empleo sin discriminación”, señaló.

La nueva ley propone un “abordaje integral desde la salud colectiva, con un enfoque de género y de derechos humanos, y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación”.