“Tendrán que aceptar nuestras reglas”, decía hace unos días Khalid Salman, embajador del Mundial de Qatar 2022 y exfutbolista internacional con la selección catarí. Y no se refería a las reglas del juego en el campo de fútbol, sino a las reglas de un país donde la homosexualidad es ilegal, penada con varios años de cárcel, y donde el próximo 20 de noviembre arrancará unas de las ediciones de las Copas del Mundo más polémicas de la historia.
La criminalización de la comunidad LGTBIQ+ en Qatar está recogida en su Código Penal, por lo que las “reglas y las normas” para la población, pero también para cualquiera de los aficionados que visiten el país, están claras y condicionan todos los aspectos de su vida pública (y privada). Las organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian la discriminación, la violencia y las prácticas de conversión patrocinadas por el Estado contra los miembros del colectivo y que no han cesado a pesar de la presión sostenida por la comunidad internacional.
Qatar, de hecho, se ha negado a derogar las leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Las relaciones sexuales consentidas entre hombres mayores de 16 años están penadas con hasta siete años de cárcel (artículo 285).
Los mismos cargos se aplican al sexo fuera del matrimonio (conocido como zina), que puede ser penado con siete años de cárcel (artículo 281). En el caso en el que los condenados sean musulmanes, además de ser encarcelados, pueden ser sentenciados a la flagelación (si se trata de solteros) o a la pena de muerte (en el caso de estar casados), recuerda la ONG Human Right Watch. También se prevén penas de uno a tres años (artículo 296) para aquellos que “instiguen” o “induzcan” a otro hombre a “cometer un acto de sodomía o inmoralidad”. Por último, también existe una pena de hasta 10 años de prisión (artículo 288) a quien mantenga relaciones sexuales consentidas con una persona mayor de 16 años fuera del matrimonio, un cargo que podría aplicarse a las relaciones homosexuales consentidas entre mujeres, hombres o parejas heterosexuales.
Organizaciones LGTBI de todas las latitudes condenaron desde el principio la decisión de celebrar en Qatar el torneo, considerando “intolerable” lo que tacharon de blanqueamiento (o sportwashing) de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos utilizando el deporte como excusa. Pese a la insistencia de las autoridades, incluido el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, de que todos los hinchas serían bienvenidos “sin discriminación” durante la Copa del Mundo, los recelos son comprensibles escuchando las recientes declaraciones que Nasser Al Khater, el presidente del Comité Organizador del Mundial de Qatar, que en una entrevista en CNN aseguraba que las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ no debían sentirse inseguras ni amenazadas durante el torneo, pero que esperaba de ellas también que “no realizasen muestras de afecto en público y respetasen la cultura local” del país.
“No creemos en las demostraciones públicas de afecto, pero sí creemos en la necesidad de dar la bienvenida a todos, independientemente de su origen”, decía, por otro lado, Hassan Al-Thawadi, secretario general de la Organización de la Copa del Mundo cuando se le preguntó sobre los visitantes de la comunidad LGBTQ+.
Escudándose en que “las muestras públicas de afecto están mal vistas en el país”, la misma línea fue defendida el pasado mes de abril por Abdullah Al-Ansari, el responsable de seguridad de la competición, al pedirle a los espectadores LGBTQ+ evitar mostrar signos de su preferencia sexual en público durante su visita al emirato.
La FIFA, mientras tanto, considera que todo está zanjado. Su presidente, Gianni Infantino, ha enviado una carta a las 32 naciones que compiten en la Copa Mundial 2022 instándolas a que “se centren en el fútbol” y dejen a un lado los problemas de derechos humanos que se han denunciado en Qatar. La UEFA, por su parte, señaló a finales de junio que, en una visita en el marco de la organización del Mundial, se había debatido “ampliamente” sobre los derechos del colectivo LGBTQI+ en el país y resaltó que había recibido la garantía, por parte de instituciones y personalidades cataríes, de que los hinchas que porten banderas arcoíris “serán bien recibidos” durante la Copa del Mundo.
Aunque los primeros informes señalan que las autoridades no perseguirán las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio y brindarán acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva sin preguntar sobre el estado civil durante la celebración del Mundial, en octubre, Human Rights Watch publicó los resultados de una investigación. Según agentes del Ministerio del Interior de Qatar, arrestaron arbitrariamente a seis personas LGTBI+ de Qatar y las sometieron a malos tratos, incluidas fuertes palizas y acoso sexual, durante su detención.
Como requisito para ser liberadas, las fuerzas de seguridad ordenaron que las mujeres transgénero detenidas asistieran a sesiones de terapia de conversión en un centro de “atención médica conductual” patrocinado por el Gobierno. Esto no pasó hace años, sino hace pocos meses. Las víctimas afirmaron que su detención y posterior maltrato tuvieron lugar en septiembre, cuando el Gobierno catarí ya estaba en el foco por su trato al colectivo. Una muestra de lo que puede suponer el aparente manto de tolerancia con el que se quiere arropar Qatar durante la celebración del Mundial.